RUSIA: DETENCIÓN DE UN PERIODISTA EN LA PLAZA ROJA DE MOSCÚ:
Profesionales de la comunicación, estudiantes, escritores, artistas y manifestantes de muchos países sufren abusos contra la libertad de expresión. Miles de personas de todo el mundo son hostigadas, acosadas, víctimas de torturas o malos tratos, e incluso “desaparecidas” y asesinadas por expresarse de acuerdo a su conciencia o por investigar y dar a conocer información que incomoda a gobiernos o grupos armados.
La situación de los periodistas que sufren abusos por ejercer su profesión preocupa especialmente a Amnistía Internacional, ya que la libertad de expresión es una herramienta fundamental para la defensa de otros derechos humanos.
Cuando los periodistas y los profesionales de la comunicación son silenciados, ellos no son las únicas víctimas de las leyes y las prácticas represivas; también lo son todas las personas que se ven privadas de su derecho a la información. El periodismo es una profesión, no un delito y la libertad de expresión es una de las herramientas de defensa del resto de derechos humanos.
En los últimos años, al salir a la luz las prácticas ilícitas que los gobiernos utilizan en nombre de la lucha “antiterrorista”, ha crecido el número de personas en la sociedad que quiere saber la verdad. La labor de activistas de los derechos humanos, profesionales del derecho, periodistas y muchas otras personas contribuye a desvelar el secretismo existente para poner al descubierto a los Estados que transfieren, detienen y torturan a personas sospechosas de “terrorismo”.
Por otra parte, hay algunos países que mantienen en vigor normas que restringen el derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional ve con suma preocupación, por ejemplo, la situación en Turquía por el uso frecuente del artículo 301 del Código Penal turco con el fin de procesar a defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil que expresan de forma pacífica sus opiniones discrepantes.
CERREMOS GUANTÁNAMO– COMISIONES MILITARES:
El 17 de octubre de 2006, el presidente de EE.UU., George Bush, firmó la Ley de Comisiones Militares, que codifica en la legislación estadounidense un sistema de justicia que no reúne los requisitos mínimos y que es discriminatorio para las personas detenidas en la base de Guantánamo, Afganistán y otros lugares. La Ley de Comisiones Militares ignora las normas de justicia establecidas en la Constitución , la ley federal y el sistema de justicia militar estadounidenses, así como en los tratados internacionales ratificados por Estados Unidos.
El gobierno de EE.UU. debe abandonar las Comisiones Militares y procesar ante tribunales federales ordinarios, sin recurrir a la pena de muerte, a todos los detenidos de Guantánamo contra los que formule cargos.
Las Comisiones Militares actúan en una especie de vacío legal. Los acusados no pueden acudir en busca de protección al derecho internacional de los derechos humanos, los Convenios de Ginebra o la Constitución de Estados Unidos. Las Comisiones Militares forman parte de un universo en el que no existe el remedio judicial para los detenidos ni sus familias. Incluso si es absuelto, el detenido puede ser devuelto a la detención indefinida bajo el calificativo de “combatiente enemigo”.
Conoce más sobre las Comisiones Militares descargándote un resumen de nuestro informe ¿Justicia postergada y también denegada? ( marzo de 2007) en el que Amnistía Internacional explica por qué las Comisiones Militares violan normas internacionales.
CUBA: MÁS ALLÁ DE LA SALUD DE UN PRESIDENTE:
Con la mirada internacional y mediática casi exclusivamente puesta en la salud de Fidel Castro y en la sucesión al poder en Cuba, 65 presos de conciencia siguen encarcelados en Cuba por el ejercicio pacífico de sus libertades fundamentales. Algunos, como Francisco Chaviano, desde hace 13 años. El grueso del grupo fue encarcelado el 18 de marzo de 2003 - cuando las autoridades cubanas detuvieron a decenas de opositores al régimen, sometieron a juicios sumarios a 75 de ellos y los condenaron rápidamente a penas de hasta 28 años de prisión - y los más recientes fueron detenidos en julio 2005 precisamente por pedir ante la embajada de Francia en La Habana la libertad de los presos políticos en Cuba.
Las actividades por las que han sido detenidos estos presos de conciencia incluyen, por ejemplo, realizar actividades y reuniones para pedir la libertad para los presos políticos y de conciencia (Eduardo Díaz Fleitas - 21 años) o redactar artículos sobre diversos temas de la vida cotidiana (Normando Hernández González - 25 años). En el juicio de Iván Hernández Carillo (25 años) se presentaron como pruebas acusatorias un ordenador supuestamente enviado desde Estados Unidos y facturas de dinero supuestamente recibido para su biblioteca privada.
Amnistía Internacional se alegra de la puesta en libertad en febrero de dos presos de conciencia - el abogado René Gómez Manzano y el bibliotecario Julio César López Rodríguez - e insta a las autoridades cubanas a hacer lo propio de forma inmediata con los 65 restantes.
